La "mano dura" contra la delincuencia se ha convertido en uno de los ejes de las campañas políticas en América Latina y el Caribe, pero también en el discurso ciudadano que busca respuestas simples a su cada vez mayor sensación de inseguridad, señala el estudio de Flacso.

La socióloga Lucía Dammert advirtió que las estrategias centradas en incrementar las penas contra los delincuentes "no toman en cuenta la complejidad del fenómeno" y sólo "criminalizan a la pobreza".

"Es claro que si la política social está destinada a promover la equidad y reducir las brechas de desigualdad, la intervención se focaliza en grupos vulnerables y zonas marginadas", agregó.

Bajo esa perspectiva, "tomar decisiones de intervención social exclusivamente en base a indicadores delictivos o hacer asociaciones que ciertas intervenciones sociales impactan sobre el delito, es fomentar la criminalización de la pobreza", alertó Dammert.

Comentó que la utilización política de los temas de la seguridad y en el combate al delito "ha generado el llamado pánico social en muchas sociedades".

"Se construyen nuevos enemigos internos, así como establecen políticas centradas en la segregación y estigmatización de grupos específicos de la población", enfatizó la doctora en Socióloga de la Universidad de Laiden, Holanda.

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